El post anterior sobre la comisión del delito de prevaricato por parte de tres jueces del TC, más allá de que sea inaceptable que personas que detentan la función jurisdiccional se equivoquen de esta manera, mueve a algunas reflexiones en torno al futuro de este Colegiado.
En primer lugar, es evidente que la situación no puede seguir así. El TC ha sobrepasado cualquier tipo de control y su función en nuestro ordenamiento jurídico, en los últimos años, ha adquirido matices que no son precisamente democráticos y atentatorios contra el orden constitucional, como por ejemplo pulverizar la cosa juzgada, pretender controlar la política arancelaria del Ejecutivo o interpretar un testamento, que es un asunto absolutamente ajeno a su labor. Una acusación constitucional promovida por el Congreso puede ser un remedio efectivo –y, en estos momentos, absolutamente necesario–, pero sería solo para capear el temporal y no para prevenir futuras tormentas.
Es preciso restablecer el equilibrio en el ordenamiento jurídico y, hoy por hoy, ello solo se puede lograr buscando soluciones que el Derecho ofrece. La reacción más radical sería eliminar el TC, desaparecerlo del mapa a través de una reforma constitucional, pero la corta historia de este órgano ha demostrado que puede llegar a ser clave en cuestiones de gran trascendencia, como fue el caso de aquellos valientes jueces que negaron la constitucionalidad de la “ley de interpretación auténtica”, la cual, al final, sirvió para perpetuar la dictadura de Fujimori. En esa época y, sobre todo, cuando dichos jueces fueron restituidos años después, el TC desempeñó un papel responsable porque sus miembros eran conscientes que existían competencias y límites que respetar. Ahora nos encontramos en una situación diametralmente opuesta.
Entonces, ¿qué hacer con el TC? Aquí va una propuesta: Restringir sus atribuciones limitándolo a ser un auténtico legislador negativo (y no uno positivo, como se ha autoproclamado, lo cual es secundado por alguna doctrina) que tramite únicamente los procesos de inconstitucionalidad y competenciales; todos los demás procesos constitucionales deben retornar a la competencia exclusiva del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Pero lo imprescindible es quitarle al TC el amparo, que se ha convertido en un mecanismo perverso mediante el cual ha hecho y deshecho a placer; una verdadera espada de Damocles para el Ejecutivo, el propio Poder Judicial, el Congreso, tribunales arbitrales, universidades y, especialmente, los justiciables.
Aún más, se ha llegado a una situación dramática en donde todas las controversias terminan resolviéndose en el TC (ello producido porque todo es “constitucionalizable”); donde el precedente vinculante consagrado en el Código Procesal Constitucional es empleado como un arma que compele a los jueces del Poder Judicial a aplicar al pie de la letra lo que dice el TC (desconociendo que la figura del distinguishing permite al juez apartarse del precedente por motivos justificables); y, por si fuera poco, donde se ha promovido la destrucción total del sistema de fuentes del Derecho, al afirmarse en contadas ocasiones que las sentencias del TC equivalen a la misma Constitución porque concretizan sus preceptos. Siendo ello así, no sorprende que los miembros de este órgano hayan dicho que aquel juez que se aparte de sus decisiones, comete prevaricato (STC Exp. N° 00001-2010-CC/TC, fundamento 27).
Pero volvamos a nuestra propuesta. Contra ella podrá argumentarse, con mucha razón, que la Corte Suprema, tal como está ahora, no es capaz de afrontar con éxito la impartición de la justicia constitucional. Ciertamente, este órgano ha tenido declives muy grandes en su historia, desde un sometimiento casi total a las dictaduras de turno, hasta el primer pleno casatorio, en donde demostró cómo a través de la aplicación del Derecho también puede consagrarse impunemente la discriminación y la injusticia. Sin embargo, a pesar de todos sus problemas, estamos convencidos que nuestra Corte Suprema no es capaz de crear grietas tan profundas en el ordenamiento jurídico como las que ha creado el TC.
La reforma del sistema de impartición de justicia –que debería incluir también una renovación de muchos jueces supremos– es un proceso que está en camino y que precisa implementar los mecanismos necesarios para que, al final, la jurisdicción (la verdadera) vuelva a adquirir el prestigio y la legitimidad perdidos hace mucho tiempo. Un Poder Judicial eficiente e independiente, con jueces capacitados y comprometidos con la sociedad y la tutela de los derechos de los individuos y, sobre todo, una Corte Suprema a la altura de las circunstancias, pueden perfectamente salvaguardar la Constitución como es debido. No debe olvidarse que un país puede vivir sin un Tribunal Constitucional, pero jamás sin un Poder Judicial.
Al final, decida lo que decida el Congreso –si es que se atreve– solo queda esperar que sea lo mejor en un futuro no muy lejano.
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